El TTIP ( Tratado transatlántico de libre comercio e inversión), se está negociando en secreto entre las élites políticas de EE.UU., la UE y las grandes empresas multinacionales, a espalda de la ciudadanía. Su objetivo real es desregular y eliminar derechos sociales, laborales, normativas medioambientales y privatizar los servicios públicos como la salud, la educación, el agua, los transportes, etc., para conseguir más beneficios.
La filosofía del TTIP considera que la “libertad de movimiento de los capitales, así como la libre competencia” es una libertad fundamental (mercado libre) de mayor rango que la “libertad de negociación, huelga y convenios. De firmarse el TTIP se dará una “armonización” de la regulación laboral, la igualación a la baja. En Estados Unidos los derechos laborales brillan por su ausencia y en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados.
Tal es el interés de las multinacionales por el sector servicios que paralelamente al TTIP se negocia otro acuerdo, el TISA, que forma parte del mismo paquete. Trata de reactivar las negociaciones para la liberalización de los servicios. Para extender sus tentáculos al sector público, las grandes empresas pretenden incluir una cláusula según la cual todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno ya existente, debe ser puesto en el mercado a través de su licitación.
Por tanto, la táctica será ir desgajando áreas de los servicios públicos para su paulatina privatización. Al final, nos quedaremos con unos servicios públicos, denominados así por su financiación, pero gestionados en sus diferentes áreas por empresas privadas. Además, en los concursos públicos no podrán incluirse cláusulas que primen la compra de productos locales o la actividad de pymes locales.
Otra de las condiciones a introducir es la cláusula de la irrevocabilidad, según la cual una vez privatizado un servicio público ya no se podrá devolver a manos públicas. Son susceptibles de liberalización los servicios sanitarios, servicios sociales, pensiones y educación.
Se está negociando la posibilidad de que se imponga la “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados. Es decir, si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en aras de la sacrosanta libre competencia. De modo que una universidad extranjera podría instalarse solicitando una financiación similar a las universidades públicas.
Con el TTIP las multinacionales harán un gran negocio, inundando el mercado de la UE con productos transgénicos, baratos y de mala calidad perjudiciales para la salud. Se perderían 600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas del trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos público.
El aspecto más espinoso del TTIP, el que más rechazo genera, el que tiene el potencial de acabar con todo el proyecto, es la cláusula sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados, más conocida por sus siglas en inglés, ISDS, es un requerimiento imprescindible de Washington.
Los inversores extranjeros puedan llevar a un Estado ante un tribunal internacional de arbitraje si consideran que su gobierno ha tomado decisiones que perjudican sus intereses. Las demandas se producirán cuando los países modifiquen sus leyes de tal manera que las empresas entiendan que sus expectativas de beneficio se ven mermadas.
Normalmente, las dos partes del litigio, el Estado y el inversor, nombran cada una a un miembro del panel y se ponen de acuerdo para elegir un tercero. Los tres juristas que dirimen el contencioso suelen ser abogados comerciales de despachos privados en vez de jueces y los proceso sería vinculante
Por tanto podrán llevar a juicio cualquier ley o proyecto de ley que, recobrando derechos para la población, suponga un beneficio algo menor para las grandes empresas. Por tanto, todos los derechos laborales, sociales, medioambientales y sanitarios perdidos tras la firma del TTIP no podrán ser recuperados sin enfrentarse a procesos judiciales muy costosos (una media de 8 millones de euros) así como a multas multimillonarias. En definitiva, supone acabar con la soberanía de los pueblos. El ISDS opera al margen de las leyes nacionales así como de la Declaración de Derechos Humanos.
