La plataforma contra la criminalizacón social se ha concentrado ante la sede del PP en protesta por la aprobación definitiva en el Congreso, con los únicos votos a favor del Partido Popular, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista. Ambas normativas entrarán en vigor el 1 de julio.
La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido rechazada por parte de colectivos sociales y de juristas, que han visto en la normativa impulsada desde el Partido Popular una limitación de los derechos de expresión y manifestación no admisibles en un Estado democrático.
Más de 70 colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito han denunciado el peligro que esta normativa supone para la democracia. A ellos se han sumado los relatores especiales de la ONU, que se han dirigido al Gobierno español para señalar las violaciones de los derechos de expresión y manifestación.
En su paso por el Senado, se ha aprobado la disposición adicional sobre las devoluciones en caliente, un texto que, a su vez, fue introducido al final del texto del proyecto de ley el último día de presentación de enmiendas en el Congreso.
La otra normativa aprobada definitivamente hoy es la reforma del Código Penal y la relativa al Pacto Antiterrorista. La reforma del Código Penal contempla una serie de modificaciones pactadas entre el PSOE y el Partido Popular tras la tragedia de Charlie Hebdo. Entre otras, la cadena perpetua -denominada en el texto prisión permanente revisable– para delitos de terrorismo con víctimas mortales y elaumento de la pena máxima de cárcel para delitos de enaltecimiento de terrorismo hasta los 3 años, con lo que las personas condenadas por este delito podrían ir directamente a la cárcel aun sin tener antecedentes penales. También incluye como delito el “adiestramiento pasivo”, en referencia a la visita de páginas web yihadistas.
La reforma del Código Penal supone que el 40% de los comportamientos que antes se consideraban faltas ahora pasarán a ser delito. El otro 60% de las faltas pasarán ahora a ser consideradas infracciones, recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación administrativa tendrá que agotar esa vía y acudir a una jurisdicción menos garantista.
Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal contemplan como infracciones con importantes multas, o delitos, acciones relacionadas con la protesta social, muchas de ellas popularizadas a partir del 15M, como la ocupación de entidades bancarias o las manifestaciones frente al Congreso o parlamentos autonómicos.
