Por la derogación de la LOMCE, por el incremento presupuestario destinado a la educación pública, por conseguir la recuperación de las plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.

Las plantillas de educación pública de la CAPV deben aumentar al menos en 2.000 personas. La temporalidad media de casi el 40% (38% en el personal docente, %57 en las Haurreskolas, 58% en Educación Especial y 63% en Cocinas y Limpieza) debe reducirse al 6%.. El número de alumnas y alumnos por clase debe reducirse un 10%. Se debe recuperar el poder adquisitivo del personal de educación. Que las sustituciones se realicen desde el primer día. Hay que recuperar las medidas que facilitan y acompañan la jubilación.

Para llevar adelante estas propuestas y garantizar una educación pública de calidad es imprescindible incrementar la totalmente insuficiente inversión pública en educación. Los recortes  del gasto en los presupuestos de educación ( 2.662 millones en los presupuestos del 2017, 162 millones menos que en el año 2009) apenas afectó a los conciertos con la enseñanza privada y concertada, en su mayoría colegios religiosos, que no tuvieron merma de las subvenciones. En España la enseñanza concertada es de 30% y en Euskadi del 50% y disfruta del mejor convenio de todo el estado.

Con las últimas políticas realizadas por Gobierno Vasco en materia educativa, la educación pública vasca está sufriendo un fuerte deterioro en beneficio de la privada a todos los niveles; cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo.

Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público educativo, pues mientras el gobierno vasco financia a las empresas directamente con subvenciones e indirectamente con obras de infraestructuras innecesarias (Como el TAV), se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. Por ello esta huelga también cuestiona las políticas antisociales que refuerzan la segregación de clases arrebatando al pueblo su mayor fuente de acceso al conocimiento, la educación.